Jueces y fiscales anuncian huelga en mayo

Los representantes de jueces y fiscales, tras su comparecencia en la Audiencia.

Los jueces, magistrados y fiscales segovianos han querido mostrar una imagen de unidad de las cuatro asociaciones de los primeros y las tres de fiscales —en Segovia ejercen 15 jueces y 8 fiscales— ante el proceso de movilización que se ha puesto en marcha para reclamar mejoraras en su situación profesional y laboral reforzando la independencia judicial, la modernización del sistema y la mejora de las condiciones en las que ejercen su profesión. El calendario de movilizaciones se inicia con paros parciales de una hora cada semana, empezando este mismo jueves, 19 de abril, continúa con una concentración en Madrid el 4 de mayo y podría acabar en una jornada de huelga convocada para el 22 de mayo si las negociaciones no dieran el fruto deseado.

Con la solemnidad y tono plano con la que se da lectura a los escritos de cualquier vista y sin derecho a preguntas por los informadores, los jueces, magistrados y fiscales, representados por sus cabezas visibles en Segovia reunieron a los periodistas en la sala de vistas de la Audiencia Provincial para leer un largo listado de reivindicaciones e instar a las Cortes, al Gobierno y al Consejo del Poder Judicial a adoptar las medidas que reclaman.

Fue el decano de los jueces, Jesús Martínez Puras, el que inició la intervención en la que también participaron, por riguroso orden, la magistrada, Carolina Otero y la fiscal Laura Santiago Villafañe. Martínez Puras matizó que las medidas propuestas “tienen como finalidad básica mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, que se le preste mayor atención y, por tanto, redundan en beneficio de la colectividad y del interés público”.

Entre las reivindicaciones leídas por el Decano para reforzar la independencia judicial figura un proyecto de Ley que garantice la elección de los vocales judiciales por los propios jueces y magistrados y garantice la igualdad de género y representatividad; la exigencia de que el Consejo General ampare “de modo efectivo” a los jueces que sean atacados para garantizar así su independencia; la transparencia en el sistema de elección de los altos cargos judiciales y el fin de la designación de magistrados desde los parlamentos autonómicos.

Otero, por su parte, abogó además por un plan de inversión “suficiente y prolongado” que permita ampliar la plantilla judicial y fiscal en 300 plazas en los próximos cuatro años, la modernización de los edificios judiciales y fiscalías y la digitalización efectiva de la Justicia con medios y programas de uso adecuados “que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal en lugar de ralentizarlo”.

La fiscal Santiago Villafañe también hizo referencia a la necesidad de dotar a sus oficinas de personal y medios suficientes, especialmente a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción “con dependencia directa de la autoridad judicial y fiscal”.

Las exigencias se refieren también a los salarios en los que reclamó la convocatoria inmediata de la Mesa de Retribuciones “con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010”, así como otras reivindicaciones en materia de vacaciones, permisos y conciliación, junto a la implantación de topes en cuanto a las cargas máximas de trabajo que soportan.

Los fiscales exigen que se supriman los plazos máximos de instrucción mientras no tengan medios suficientes, que también reclaman para la “justicia digital” que poden que se paralice hasta que esos medios sean reales, así como el refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal, incluyendo que la formación se atribuya a la Fiscalía General del Estado y disponer de autonomía económica.

Autor: Redacción

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