Posted By Redacción on 20, Nov, 2017

Nota de prensa del Grupo municipal de IU

La semana pasada salió a la luz que un exconcejal del PSOE, Juan Cruz Aragoneses, se libró de un expediente sancionador por una infracción urbanística grave porque esta había caducado. En 2013 la Audiencia Provincial sentenció que la obra realizada por el ex edil (por la que tuvo que dimitir) sobrepasaba las autorizaciones en volumen y superficie en una “indudable infracción urbanística grave” que, si bien no tenía peso penal, debía depurarse en el ámbito administrativo. El Ayuntamiento dispuso de un plazo legal de cuatro años desde entonces para comunicar el procedimiento, pero esto no se ha producido hasta tres días después de la fecha límite, por lo que el proceso se ha desestimado.

Vista la situación, es evidente que tanto el concejal de urbanismo, Alfonso Reguera, como la Alcaldesa tienen que dar explicaciones y convencernos de que no se ha dado un trato de favor hacia su antiguo compañero en la Corporación. Está claro que un posible olvido por parte del equipo de Gobierno está descartado, ya que el grupo municipal de UPyD preguntó en mayo de 2016 sobre este asunto. La reciente decisión anunciada por Clara Luquero de recurrir el archivo de este expediente parece una medida improvisada tras haber trascendido públicamente este asunto, ya que esta posibilidad no se mencionó en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local en la que se dio cuenta de ello. En cualquier caso, este recurso no tiene mucho recorrido, ya que en la sentencia el Ayto reconoce ese retraso de tres días.

Cuando se anunció el recurso, Luquero llegó a decir que ‘hay procesos más graves que una huerta en la que se ha hecho una terracita’. Es vergonzoso e irresponsable que la Alcaldesa de Segovia, que debe dar ejemplo hacia la ciudadanía, trate de quitar importancia a una infracción urbanística grave, y más cuando el que la realizó fue un compañero de partido. ¿Quién va a confiar ahora en su honestidad?¿Por qué no ha cesado todavía al concejal de Urbanismo? Esta tibieza contrasta con la actuación en el caso de los miniapartamentos. En esa ocasión, Luquero afirmó el mismo día del derribo que era “un día muy importante para la ciudad, porque queda demostrado que impera la legalidad y la corrupción no queda impune”.

En muchas ocasiones desde nuestro grupo ya hemos dicho que este Ayuntamiento practica un urbanismo a la carta, porque se actúa de una manera o de otra en función de qué intereses económicos haya detrás o quién se vea afectado. Pero en este caso todavía es más grave, porque se queda sin sancionar a un exconcejal del PSOE a pesar de su infracción. Ante esta situación, el concejal de Urbanismo sigue callado, cuando lo que debería hacer es dar explicaciones sobre este proceso y asumir responsabilidades. No queremos gobernantes laxos con la disciplina urbanística, ni que los de siempre se sientan impunes y se salgan con la suya a través de estas actitudes caciquiles.

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