La pobreza mata. Así lo ha puesto de manifiesto un estudio de la prestigiosa revista médica The Lancet, de la que se han hecho eco diversos medios de nuestro país: “El bajo nivel socieconómico es uno de los indicadores más fuertes de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo”. La pobreza no sólo acorta la vida, sino que atenta contra la dignidad humana. La erradicación de la pobreza debiera estar en la agenda política de cualquier gobierno y partido con una mínima sensibilidad social. Sin embargo, su erradicación presenta múltiples aristas y dificultades.
El PSOE ha patrocinado recientemente en el Congreso de los Diputados la defensa de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por los sindicatos de clase UGT y CCOO. Una iniciativa orientada a erradicar la pobreza y que ha contado con el apoyo de todo el arco parlamentario excepto el de las fuerzas conservadoras.
En España casi 13 millones de españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión y la pobreza severa afecta a tres millones. La crisis económica ha diezmado el Estado del Bienestar, el empleo ha dejado de constituir la variable sustantiva sobre la que se asentaba el bienestar y la escasez de recursos ha afectado a la cobertura de garantía de rentas. La necesidad de reformar el actual sistema de protección social y de aportar soluciones es absolutamente imprescindible. La cuestión es cómo hacerlo sin generar desequilibrios económicos que tengan efectos perniciosos sobre el empleo y el crecimiento.
El denominado Ingreso Mínimo Vital aspira a garantizar unos recursos mínimos a todas aquellas personas que queriendo y pudiendo trabajar no pueden hacerlo, por lo que carecen de recursos para llevar una vida digna, y a quienes los actuales instrumentos de protección social no dan respuesta. Se trata de una prestación social no contributiva en el marco de la Seguridad Social adaptada a la nueva realidad social y que refuerza las prestaciones de asistencia social de comunidades autónomas y administraciones locales. Se dirige a dos millones de hogares cuya renta per cápita es inferior a seis mil euros anuales. Y su importe es del 80 por ciento del Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), 426 euros mensuales en estos momentos.
Aplicar esta iniciativa resulta gravosa para las arcas del Estado, no cabe duda. El PSOE la ha cuantificado en 7.500 millones de euros, y los sindicatos en 12.000: un 1,2 por ciento del PIB. Difícil de compatibilizar con los objetivos de estabilidad de los que dependen la financiación de nuestra actividad económica y de la posibilidad de crecer y crear riqueza. Pero se trata de una cuestión de Justicia Social y decencia de un país. Hemos de buscar en la tramitación parlamentaria el punto de equilibrio en las propuestas y su alcance. No podemos condenar a la marginación y al ostracismo al seis por ciento de los españoles.
Los detractores de la propuesta argumentan que podemos crear una sociedad subsidiada e improductiva, así como la dificultad para financiar la propuesta de forma equilibrada. Ese riesgo existe, pero hemos de tener en cuenta que el nuevo paradigma tecnológico genera una sustitución de trabajo por capital, y hoy la renta de las personas más humildes sólo se sustenta en el trabajo.
Por tanto, no podemos escondernos a la realidad. En preciso erradicar las bolsas de pobreza extrema e ir avanzando de forma progresiva y sólida para no dañar la economía. Sólo así conseguiremos una mayor eficacia social y una mayor estabilidad democrática. La cohesión social es una inversión en valores y en bienestar comunitario.
El Ingreso Mínimo Vital es una apuesta por la dignidad humana. Avancemos, aunque sea despacio. Lo contrario es la nada y el sufrimiento de los más desfavorecidos. Que nadie lo utilice.
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