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El turismo rural reclama erradicar las ofertas ‘piratas’ de los portales turísticos

Finalizada el pasado 17 de agosto la moratoria para la legalización de alojamientos turísticos en Castilla y León, los empresarios del sector, a través de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, han requerido a la Junta a que tome medidas para que los alojamientos que han quedado fuera del proceso de legalización dejen de desempeñar actividad turística. Entre otras medidas, Turismo Rural y Activo solicita que “dado que la forma mas habitual de ejercer la actividad de alquiler turístico es a través de publicitarse en los portales de internet especializados – y citan expresamente Homeaway Spain, Air BNB, Booking, y Top Rural– la Junta actúe sobre estos portales y les requiera para que no publiciten ningún alojamiento turístico que no tenga su autorización correspondiente”, señalan en una nota.

La iniciativa de los empresarios segovianos surge tras una demanda interpuesta por la Generalitat de Cataluña contra Homeway Spain para que el portal retirase de sus páginas aquellos alojamientos no autorizados por la comunidad autónoma. El pasado mes mayo el Tribunal Supremo daba la razón a la Generalitat y conminaba al portal a limitarse a anuncia alojamientos legales.

Aunque el sector del turismo rural mantiene el tipo en la provincia, con una demanda en crecimiento, crece más la oferta, de manera que en la actualidad, y según datos de la asociación, las 5.000 plazas oficiales de la provincia registran una ocupación media del 40% de los fines de semana (un 20% si se toma toda la semana). Además, los empresarios deben competir con el intrusismo de particulares que ofrecen sus propiedades si estar dados de alta y, en muchos casos, sin declarar los ingresos. “Esta es la diferencia de precio, nosotros pagamos los impuestos y ellos no”, explicaba recientemente el presidente de Turismo Rural y Activo, Domingo Asenjo.

No es la única medida frente al turismo “pirata”. Como informó acueducto2,com, también el Ayuntamiento de Segovia quiere restringir las condiciones para la puesta en marcha de estos negocios en la ciudad. A nivel estatal, otro frente de lucha es prohibir, como ya pasa en otros países, el alquiler de viviendas por menos de quince días o un mes, limitando a la hostelería “legal” la oferta de alojamientos por días.

 

Autor: Redacción

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