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El tribunal de contratos públicos obliga a la Diputación a pasarse a Vodafone

La Diputación de Segovia está procediendo en estos días al cambio de compañía telefónica. Pasa de Movistar a Vodafone, en un contrato para unificar los servicios de telefonía de voz y datos adjudicado en 131.636€ al año, y para un periodo de dos años prorrogable por otros dos.

Pero cambiar de compañía es siempre más complicado de lo que parece. De hecho “el contrato de servicios de comunicación de voz y acceso a internet” debía haberse acometido en 2017, y salió a adjudicación en octubre pero hasta el pasado mes de julio no se firmó el contrato. Inicialmente el concurso lo ganó la actual prestataria del servicio, Movistar,  pero la competencia impugnó las valoraciones de la mesa de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.

Por transposición de una normativa europea, cuando una empresa que concurre a un contrato público considera que no se han valorado correctamente sus ofertas, puede recurrir a esta figura de la administración, previa al contencioso, el TARCCyL. Se trata de evitar que sea la misma administración que ha elaborado el pliego y valorado las ofertas la que se erija como “juez y parte” ante las reclamaciones de las empresas perjudicadas en un concurso público. En Segovia, las actuaciones de este tipo de tribunales son sobradamente conocidas especialmente en la capital, a resultas de las reiteradas ocasiones en que las empresas de autobuses rechazadas en concursos de concesión han recurrido tanto al tribunal de Castilla y León como al nacional.

Centralita telefónica en la Diputación.

Esto es lo que pasó en el caso de la Diputación. Vodafone alegó que la mesa no había valorado un aspecto burocrático, el ajuste al esquema nacional de seguridad. El TARCCyL, con sede en Zamora, estimó la reclamación y obligó a repetir la valoración de ofertas. Eso fue en mayo, resultando entonces que la ganadora pasaba a ser la perdedora y al revés. Vodafone se hacía con el contrato. Por descontado, Movistar no se ha quedado de brazos cruzados y también ha recurrido al tribunal, pero ante la imposibilidad de seguir demorando la renovación de unos servicios básicos en el día a día de la Diputación, la corporación decidió seguir adelante.

Técnicamente, y según explica el diputado del área, José Luis Sanz, el contrato persigue modernizar el servicio y unificar proveedores de voz y datos. La Diputación habilitará 234 líneas de tecnología OneNet, que dota de las mismas prestaciones que las líneas móviles a las líneas fijas. Por razones de seguridad, se ha sacado fuera del contrato los servicios de correo on line. De cara al usuario no hay cambios; se mantienen los mismos números de contacto con los ciudadanos.

Author: Redacción

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