El socialista no formuló acusaciones concretas pero durante su comparecencia solo mencionó un nombre propio, el de la actual presidenta de las Cortes regionales, Silvia Clemente, titular de Agricultura cuando el departamento concedió las ayudas de 2010 y 2015, mientras que circunscribió la tercera subvención, de 2012 a la Consejería de Empleo, sin citar al que era su titular [Tomás Villanueva].
Las subvenciones han sido reconocidas por el Gobierno en respuestas a las preguntas parlamentarias de los socialistas, que no comprenden la combinación de expedientes sancionadores abiertos por la misma administración que concedía ayudas económicas a Agrogestión y Aplicaciones medioambientales S.L., en la que ven “gato encerrado”.
En este sentido, recuerdan que en 2010, los ecologistas ya denunciaron los malos olores, la planta fue denunciada dos veces por el Seprona, la Confederación Hidrográfica (CHD) comunicó la existencia de un vertido de residuos en la Laguna de Llosa procedente de la misma industria y Agricultura notificaba la apertura de un expediente sancionador. Mientras, a finales de 2010, la misma consejería subvencionaba a Agrogestión con 175.295,75 euros, algo “chocante y sospechoso” para los socialistas.
La denuncia de Aceves continúa con referencias a 2011, cuando los técnicos de Medio Ambiente reconocen la existencia de denuncias por malos olores y giran visita técnica en la que “se reconocen más irregularidades”, pero un año después, en diciembre de 2012, en el Boletín de la región (Bocyl) se publica una nueva ayuda, esta de Economía y Empleo, de 9.900 euros destinada a la adquisición de maquinaria.
La ayuda de 2015, por 190.100 euros, aunque publicada también en el Bocyl, no se habría llegado a abonar por no haberse entregado por la empresa la documentación requerida, según se refleja en una de las respuestas parlamentarias.
Aceves reconoció que “este es un asunto complejo y lleno de aristas”, una definición en la que coincidió con el alcalde de la localidad, Daniel López Torrego, sobrepasado por la potente defensa legal de la que dispone la empresa, capaz de generar “impedimentos de todo tipo para el normal desarrollo de las actuaciones municipales”.
Pese a ello, el Ayuntamiento que preside está estudiando personarse como acusación particular en las investigaciones que realiza el Juzgado de Cuéllar “para tener información directa en el caso de que no retiren el material” que se acumula en 31 fincas, dos de ellas municipales.
La tensión sigue.
El alcalde de Fuentepelayo reconoció a preguntas de los periodistas que “la tensión sigue presente” en la localidad, más cuando se acerca la fecha límite del 27 de julio para que la empresa retire los residuos por orden de la Junta. “La cosecha está sin recoger y tememos nuevos problemas”, apuntó el regidor que sin embargo reconoció que el incremento de vigilancia policial “se está notando” tras el último suceso, el 2 de julio, cuando ardió un pajar e incluso se detuvo a una persona —de la que “no sabemos nada”— como presunto autor del siniestro.
Diputación
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