web analytics

El juez baja de 33M€ a 9M€ las fianzas por las prejubilaciones de Caja Segovia

La Audiencia provincial de Segovia ha acordado una sustancial rebaja en las fianzas impuestas a los acusados tanto de permitir el engrose a última hora de las prejubilaciones a abonar al staff de Caja Segovia en vísperas de su fusión con Bankia, como a los beneficiarios directos de las mismas.

En primer lugar, se rebaja de 24.4M€ a 6.835.000€ las fianzas impuestas a los acusados del consejo de administración que impulsaron los sobrepagos a los directivos de la entidad. Son el entonces presidente, Atilano Soto; los vicepresidentes, Manuel Agudíez y Elena García Gil; el director, Manuel Escribano, el secretario y luego director, Antonio Tapias y el también directivo, Enrique Quintanilla. Ellos deberán asumir solidariamente el importe de la nueva fianza de 6.8M€.

El auto entiende que en similar proporción deben rebajarse las fianzas a los directivos acusados de beneficiarse del rediseño del plan de pensiones. Así Miguel Ángel Sánchez Plaza deberá aportar 1.161.000€ (frente a 3,9M€ que se le exigían inicialmente), Oscar Varas 737.890€ (por 2,5M€), Juan Bautista Magaña 302.456€ (1M€), Juan Antonio Folgado 290.031€ (por 977.000) y la de Malaquías del Pozo 107.778€ (pòr 363.000€). En este caso la fianza es a título particular de cada acusado.

Para los citados, el auto del juzgado Nº2 estipulaba el pasado mes de enero 33M€ de fianza, a lo que se añadía otros 18,3M€ a la Aseguradora Caser. En total, más de 51M€ para atender las posibles indemnizaciones a que hubiera lugar de probarse su culpabilidad en el llamado “caso de las prejubilaciones”.

Frente a esa decisión, la totalidad de los afectados recurrió, dándoles ahora parcialmente la razón el juez, que, entre otros argumentos considera que lo acusados no deben responder por la cifra bruta total de los seguros y prejubilaciones, sino solo por aquellos incrementos que se juzgan. Asimismo, se considera que hay que restar de las cantidades lo pagado como IRPF.

El señalamiento de juicio oral, en enero de 2018, se produjo después de años de investigación judicial que se iniciaron en 2011 a partir de las denuncias presentadas por UPyD (retirados de la causa por falta de capacidad económica para mantenerse personados). Paralelamente, IU se sumó a las acusaciones en 2012 y ha permanecido como acusación popular, mientras que la CIC y la Fundación Caja Segovia (que será la principal beneficiada si se prueba la culpabilidad de los acusados) ostentan la acusación particular como afectados directos de aquellas decisiones. En este tiempo, la causa ha solventado tres propuestas de archivo, entre otros de la fiscalía. Para los acusados se solicita la devolución de las cantidades que no les correspondan así como penas de entre 3 y nueve años de prisión.

Author: Redacción

Acueducto2 es gratis. Si te gusta lo que hacemos, ayúdanos difundiendo nuestros noticias, pinchando en la publicidad de tu interés y compartiendo nuestras noticias. Gracias.

Share This Post On

3 Comentario

  1. Un poquito de “trena” les vendría muy bien.

    Post a Reply
    • Trena y devolver la pasta… Si me dan a elegir entre las dos cosas… preferiría que devolviesen todo el dinero, que seguro que les parece peor que pasar un par de años en la cárcel y luego, a volver a vivir como “ricos”.

      Post a Reply
      • ¡Ojo! ‘Aprendiz’ que al final los impositores de la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, tenemos que poner dinero para las ‘pre-jubilaciones’ de todos los que se han ido en la cincuentena (a mayores, claro. Ya hemos pagado, ya. La salvación de entidades financieras -financieros de lo suyo-) ¡Salud majos! 😉

        Post a Reply

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *