La organización desarticulada se dedicaba en Rumanía a reclutar víctimas para posteriormente trasladarlas a España con fines de explotación sexual. Para ello aprovechaban, en unos casos, las malas condiciones sociales de las mujeres engañándolas mediante el enamoramiento con uno de los integrantes de la banda y, en otros casos, recurriendo a la fuerza para sacarlas de su entorno familiar.
La operación se originó a partir de las investigaciones por separado de Policía Nacional y Guardia Civil. En marzo pasado, el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia de la Guardia Civil detectó en una de las inspecciones en locales de alterne de la provincia a una mujer extranjera a quien se le observaban conductas e indicios que revelaban que pudiera ser víctima de explotación sexual y violencia de género por parte de su pareja sentimental. El seguimiento a esta mujer confirmó que había sido inducida por el grupo de personas residentes en Segovia para la práctica de la prostitución con un control exhaustivo sobre ella desde el momento que la víctima iniciaba su actividad hasta su cese, de madrugada.
Paralelamente, en el mes de abril se recibió comunicación de la existencia de una denuncia procedente de Cruz Roja de Rumanía en la cual la madre de esta víctima participó a las autoridades de aquel país que su hija estuvo trabajando en un club de Pamplona y fue trasladada a Segovia y, desde entonces, no pudo contactar más con ella, sospechando que fuera víctima de un delito de trata.
El escrito, reenviado a la Agregaduría de España en Rumanía, provocó la apertura de una investigación por la Policía Nacional inició la investigación en el mes de abril tras recibir un escrito de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía. La madre denunciante narraba como su hija fue introducida a la fuerza en un vehículo en su ciudad natal de Rumanía, sufriendo diversos episodios violentos, siendo trasladada hasta España. De la misma forma informó tener conocimiento de que posteriormente fue vendida a otro grupo rumano asentado en la capital pamplonica.
A partir de ese momento se llevaron a cabo numerosas gestiones tendentes a localización de la víctima en España, resultando que la misma había sido identificada en Pamplona junto con otro grupo rumano dedicado a la comisión de robos en fincas rústicas, naves industriales y cables de cobre. Se pudo comprobar que esta chica había sido captada por otra persona quién exigió en su día una cantidad económica para su devolución, no llegando a ningún acuerdo con el clan, continuando la víctima con su nuevo captor, residente en Segovia e identificado por la Policía Nacional.
Una vez analizada toda la información disponible, se comprobó la coincidencia de las investigaciones llevadas a cabo por ambos cuerpos policiales, creando un Equipo Conjunto de Investigación entre ambos a través del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO).
En el transcurso de la investigación se pudo determinar que el clan asentado en Pamplona se dedicaba también a concertar matrimonios forzados entre menores de edad a cambio de dinero, negociando para ello la venta de sus propios hijos. Por otra parte, la labor de los investigadores en Segovia permitió identificar a otras 3 víctimas utilizadas y tratadas de la misma manera y con los mismos fines que la anterior.
La organización se encontraba perfectamente estructurada, tanto para el desplazamiento de las víctimas entre países, como para su introducción en locales de alterne, además de llevar a cabo su control o convenir matrimonios forzados de menores mediante contraprestación económica.
Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Segovia que se ha encargado de este caso y su investigación.
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