Consejeros, familiares y amigos adquirieron los pisos de Segovia 21

Posted By Redacción on 8, Oct, 2015

Un grupo de miembros del consejo de administración, familiares y amigos de estos conformaron el grupo de compradores de las viviendas de Segovia 21 por las que la sociedad les reclama 4,8 millones de euros pendientes de pago por los inmuebles, para los que firmaron contratos de compraventa que están pendientes de que se resuelva la demanda por la que se les reclama que escrituren (y paguen) los pisos. Los administradores de la sociedad creen que la firma de los contratos se realizó con la finalidad de lograr la financiación de la promoción por Bankia.

El administrador único de Segovia 21, Javier de la Orden, no dudó este 7 de octubre en atribuir a situaciones como la exigencia de que los compradores formalicen la compra de las casas construidas en Quitapesares el “espíritu de venganza” que asistiría a los afectados y que sería el motivo de su ofensiva en los tribunales contra el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez y él mismo, que este miércoles tuvieron que declarar ante el juez por una denuncia en la que se les acusa de prevaricación o estafa procesal, entre otras.

Vista parcial de las viviendas construidas en la finca de Quitapesares.

El asunto de las viviendas se encuentra en los tribunales a partir de una demanda en la que se reclama la formalización de los contratos y en la que se trata de demostrar que desde el momento en el que firmaron los documentos de compra venta los denunciados actuaron como propietarios, interviniendo incluso, varios de ellos, en el proceso de construcción, durante el cual realizaron modificaciones y mejoras en los pisos. También se adjuntan detalles que probarían esa actuación como la visita que todos ellos realizaran a la empresa Nieva Line para elegir las cocinas para las nuevas viviendas.

A finales de 2010, en plena crisis inmobiliaria, el consejo de Segovia 21 decidió poner en marcha una promoción de 40 viviendas para cuya financiación se acudió a Caja Madrid (luego, junto a Caja Segovia y otras, Bankia) que aprobó el crédito hipotecario siempre que se lograra la firma de, al menos, el 65 por ciento de los contratos firmes de compraventa sobre las casas. No eran los mejores tiempos para la venta inmobiliaria y, salvo algunos compradores privados, el porcentaje de seguridad exigido por el banco se cubrió con adquisiciones de consejeros y otras personas vinculadas a la sociedad.

El listado de propietarios que se incluye en la demanda apunta los nombres de consejeros como el entonces director general de Segovia 21, Jesús Sánchez y su esposa (se le reclaman 485.631 euros); o el entonces director general de Ontex, Miguel Ángel González, al que se le atribuyen cuatro viviendas (489.780 euros por dos de ellas y 504.546 y 139.123, como representante de sendas emperesas) o los hijos de Elías Benatar, entonces administrador único de la empresa encargada de la gestión integral del complejo, Fomento Territorial, Raphael y Claire, a los que se reclaman 311.300 y 163.166 euros, respectivamente.

También se cita como “muy próximas al consejo” a la entonces directora de la Fundación Nacional del Vidrio, Aurea Juárez, que estampó su firma en tres contratos (760.246 euros) y su cuñada, Gema Sanz, que compró otra (290.691); a Ernesto Agudíez y su hermana (345.902 euros), hijos de Manuel Agudíez, en aquel momento vicepresidente de Caja Segovia y director general de la constructora de las viviendas, Velasco, o el exconcejal, arquitecto y miembro de la comisión territorial de Patrimonio, Ángel Beloqui, aunque la compra está firmada por su esposa, María Teresa Cortón, cuya deuda ascendería a 485.631 euros.

La nómina aportada al juzgado se completa con los nombres de Moisés Toledano —al que se vincula con Fomento Territoral y sus directivos— al que se piden 485.631 euros; y los matrimonios de Fernando Torrego y Pilar Muñoz, (la misma cantidad), así como el de Carlos Postigo y Rosa María Esteban, que si bien aparecen en este listado inicial de la denuncia, han sido posteriormente reconocidos como “compradores de buena fe” tras la audiencia previa celebrada el pasado 15 de septiembre en el Juzgado número 5 de Segovia y apartados de la demanda.

De hecho, el representante legal del matrimonio ha subrayado a acueducto2.com que estos compradores no mantienen relación alguna, “ni de parentesco, ni de negocios”, con el resto de los firmantes de las escrituras de compraventa.

Modificaciones en obra.
Los denunciantes pormenorizan sobre las actuaciones de varios de los firmantes durante la construcción “ordenadas a la constructora encargada de la ejecución material de la obra, Velasco, Obras y Servicios, en la seguridad de que las viviendas se encontraban vendidas con contratos en firme”.

Cocina ampliada de una de las viviendas en las que se hicieron modificaciones en obra.

Así, se detalla la alteración de todo el bloque en el que se encuentra la vivienda comprada por Jesús Sánchez “alterando la distribución de la planta primera y sustituyéndola por la de la planta segunda; y viceversa, con el propósito de comprar una casa de 3 dormitorios en planta segunda que en el proyecto no existía. No contento con ello, además, dispuso una nueva distribución interior de su vivienda que llegó incluso a afectar a las viviendas inferiores, eliminando los “tacones” de las esquinas de sus dormitorios, que obligaron a su vez a eliminar las chimeneas de los salones de las viviendas inferiores”, según se lee.

Igualmente, se da cuenta de los cambios “de imposible restitución” realizados en el ático atribuido a Ángel Beloqui y su esposa que se centraron en la ampliación de la cocina o la instalación de tabiques de cristal en los pasillos, entre otras. En la denuncia se acusa al arquitecto y otros de haber recurrido “todos los actos administrativos que se les han ocurrido” con el fin de retrasar la finalización de las obras.

Pero si la denuncia hace una mención especial es la referida a Miguel Ángel González, al que se atribuyen cuatro contratos de compra venta, dos a título personal y dos más, a través de sendas sociedades, Invest Peninsular (como apoderado) y Zaqueo S.L. de la que “no se ha podido constatar ni siquiera su existencia en ningún registro mercantil de España”.

Se asegura además que Gonzalez habría expresado en público haber realizado las operaciones “para echar una mano a Benatar”; actuaciones tendentes a tratar de eliminar de la contabilidad los pagos realizados por Invest Peninsular, o haber organizado, junto a Jesús Sánchez, en la sede de su empresa, reuniones para “advertir” a los compradores de la intención de los gestores de Verae de exigir el cumplimiento de los contratos.

Siempre según el argumentario de la demanda, todos esos contratos de compra venta sería iguales en cuanto al modelo y están reflejados en la contabilidad de Segovia 21, mientras que todos los que los rubricaron habrían pedido su rescisión, de palabra en algunos casos, o incluso por escrito, en otros.