Culpables o inocentes todos los acusados de delitos de especial relevancia mediática pasan por la llamada “pena de banquillo”. Un “photo-call” a modo de picota pública, cuando los acusados acceden a la puerta del tribunal entre un pasillo de fotógrafos. Mañana de pasillos pues en la audiencia de Segovia para la primera sesión de la vista contra los directivos de Caja Segovia.
Los primeros en pasar por el trance fueron Antonio Tapias, Enrique Quintanilla y vicepresidente, Manuel Agudiez. Los tres sin detenerse ante la prensa y desafiando el pequeño coro de indignados, encabezado por el perro Bruce y su amo, el ex-empleado de la Caja, Damián Sanz, que desde hace seis años, tres meses y 21 días montan guardia ante la audiencia bajo una pancarta en la que se pide justicia. “No todos los días, pero dos o tres días a la semana sí. Es una vergüenza que esto no esté lleno de gente hoy; han hecho mucho daño a Segovia fastidiando la cultura, el deporte, la obra social”, se queja Sanz. Y sí, lo cierto es que apenas un par de segovianos han venido expresamente a “clamar justicia”.
Hay algunos más, como el inevitable Ignacio Tapia, que tiene uno de los números que por riguroso orden cronológico de solicitud ha asignado a la audiencia para el público. En la pequeña sala de vistas hay sitio para unas 40 personas, y la mitad son periodistas acreditados para seguir el juicio. También están entre el público los de la acusación particular, IU, Ángel Galindo y Aña Peñalosa. Se calcula que su formación ha invertido más de 10.000€ para personarse como acusación particular. Más de 18.000€ en abogados gastó UPyD, también presente en el pasillo con su concejal capitalino Cosme Aranguren, hasta que se quedaron sin dinero para seguir adelante.
“Es un momento histórico”, explica Galindo. Momento histórico que requiera una cara, la de Atilano Soto, que viene solo por la calle San Agustín desde -suponemos- su antigua casa en el centro histórico. Un camino que a finales de los 90 Soto recorría a diario en el coche oficial de presidente de la Diputación de Segovia. El último presidente de Caja Segovia. Saluda amablemente a los periodistas que conoce pero sin dejar de andar, directo a la puerta de la audiencia. Conminado a dar alguna declaración se le oye decir algo que de primeras parece un latinajo, seguido de una sentencia que suena también a Cicerón pero que Google confirmará que es de cosecha propia: “la justicia está para dar razón a quién la tiene”, nos dedica Atilano a los periodistas. Antes ha soltado el latinajo que nadie acierta a traducir, hasta que la compañera de Onda Cero nos lo desvela. No era latín sino francés: “Rien à dire“, nada que decir.
Los cinco acusados a título lucrativo están dispensados de asistir a esta sesión, por lo que ya solo falta Manuel Escribano, el que fuera director de Caja Segovia y según las acusaciones el que más se ha lucrado con el tema de las jubilaciones y prejubilaciones y el que se enfrenta a las penas más severas. Escribano también afronta el pasillo solo, sin abogado, pero llegando a la calle San Agustín desde la cuesta de San Juan. Él si va a dar declaraciones. “Creo en la justicia. Yo no he hecho nada ilegal en mi vida. Han sido siete años sufriendo declaraciones desafortunadas de personas malinformadas. No tengo dudas de que este asunto se va a aclarar, no he cometido ninguna ilegalidad, como ya ha dicho la fiscalía”, dice, recordando que el fiscal presidente, Antonio Silva, continúa pidiendo el sobreseimiento. Es la “doctrina Botín”, último cartucho de las defensas para evitar que el juicio siga adelante.
Es lo que se va dilucidar en los próximos días un tribunal presidido por Miguel García Maroto (magistrado de la audiencia de Segovia), María Asunción Ramírez Saiz de Murieta (también de Segovia) y Álvaro Miguel de Aza (de León) que preside el tribunal. En el caso de que se desestimen las pretensiones de defensa y fiscalía de seguir adelante, el juicio seguirá los días 5, 6,7, 12, 14 y 19 de febrero de 2019. Todos los otros señalamientos se han suspendido en la Audiencia de Segovia. Es el juicio del siglo.
Arriba, Atilano Soto encaminándose a su cita con la justicia. Manuel Escribano efectúa declaraciones a la prensa. Los vicepresidentes Elena García Gil y Manuel Agudiez, echando un pitllo en un descanso de la vista oral. Damián Sanz y su perro Bruce, seis años de protestas reclamando “justicia”.
Quién es quién en el juicio de Caja Segovia
Enrique Quintanilla, .
Atilano Soto. Hasta ocho años de cárcel. Presidente del Consejo de Administración de Caja Segovia. La Fundación Caja Segovia le considera cooperador necesario en delitos de apropiación indebida y administración desleal y pide para él 3 años de cárcel y multa de 75.000€. Para la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), es autor de delito de administración desleal agravada y cooperador necesario de apropiación indebida y reclama 4 años por cada acusación y multa de 1.800€. IU achaca al ex-presidente delitos societarios y de apropiación indebida y reclama 8 años de cárcel y 36.000 euros de multa. Fianza solidaria de 6.835.000€ a pagar conjuntamente con el resto de acusados.
Elena García Gil.
Manuel Agudiez.
Manuel Agudiez y Elena García Gil. Hasta ocho años de cárcel. Vicepresidentes. Penas que pide FCS para cada uno de ellos: 3 años de cárcel y multa de 75.000€ como cooperador necesario en delitos de apropiación indebida y administración desleal. CIC: 8 años de cárcel en total y 1.800€ por autor de administración desleal (4 años) y cooperador necesario en apropiación indebida (otros cuatro años). IU: 8 años de cárcel y 36.000 de multa por apropiación indebida y delito societario. Además se les reclama, al igual que a Atilano Soto, inhabilitación para el sufragio pasivo y el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector financiero o bancario, las responsabilidades civiles y el pago de las costas judiciales. Fianza solidaria de 6.835.000€.
Manuel Escribano.
Manuel Escribano. Hasta 9 años de cárcel y devolución de las cantidades. Director general de Caja Segovia. FCS: cuatro años de cárcel y multa de 100.000€ por administración desleal y apropiación indebida. CIC pide para Escribano seis años de cárcel como autor apropiación indebida y tres en calidad de cooperador en administración desleal. IU le reclama seis años de prisión y multa de 32.000€. Las mismas penas se reclaman para el secretario del consejo, Antonio Tapias, y para el también directivo Enrique Quintanilla. Los tres deben responder junto con los anterior de los 6.835.000€ reclamados como fianza a titulo de cantidades a devolver.
Beneficiarios a título lucrativo
Juan Antonio Folgado.
A los otros cinco acusados se les acusa de beneficiarios, responsables a título lucrativo, por lo que de probarse su culpabilidad se enfrentarían al retorno de las cantidades artificialmente engrosadas. Así Miguel Ángel Sánchez Plaza hace frente a 1.161.000€; Óscar Varas 737.890€; Juan Bautista Magaña 302.456€; Juan Antonio Folgado, que fuera concejal del PP, 290.031€; y a Malaquías del Pozo, responsable durante más de una década de la Obra Social de Caja Segovia, 107.778€.
Respecto a la Aseguradora Caser, la entidad encargada de gestionar las pólizas de pensiones, el juez reclama el retorno de 18M€ que irían a parar a la Fundación Caja Segovia.
22 enero, 2019
Estoy por apostar que al final, agua de borrajas (o cerrajas por si hay algún quisquilloso). Venga… un rancio calimocho. Al final, por el juicio no aparece nadie que no sea periodista. Ya le digo a don Damián que, quien más quien menos, de los más interesados (desde rasos, cabos… y oficiales), se ha ido calentitos a casa y, muchos, en la cincuentena a disfrutar gracias a las cuentas de beneficios. ¡Qué aproveche majos!
22 enero, 2019
Ya se puso de moda el paseillo camino de la guillotina en la Francia revolucionaria , y de él nunca se salvaba nadie. Espero que en este siglo las conductas sean otras y no caigamos en adelantar sentencias en tanto la justicia decrete su veredicto. Aunque algunos ya tienen su sentencia, inamovible.
22 enero, 2019
Daniel usted no debe ser de Segovia, verdad?
Lo de Caja Segovia y lo de Quitapesares-Segovia 21 fueron dos episodios vergonzantes para nuestra ciudad. Difíciles de olvidar en mucho tiempo, por mucho que intenten taparlo.
Una vez dicho esto, a ver si es verdad que se hace justicia.
23 enero, 2019
Marta, añada el Convento de Santa Cruz y el CAT. Y el teatro Cervantes… No se salva ni uno de nuestros políticos 😉
23 enero, 2019
Lo de quitapesares sigue siendo un pozo sin fondo, allí entra el 0,2 por ciento de la población de la provincia.
Porcentaje un poco más alto el que pone allí del heraldio publico.
Para ellos fue y, sigue siendo.