Recientemente, y haciéndose eco de iniciativas ya en curso en otras comunidades, la Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo de Segovia, reclamaba a la Junta de Castilla y León que instara a los portales (Booking, AirBNB, Toprural, entre otros) que ofrecen alojamiento turístico en la región a eliminar de sus páginas las ofertas “pirata”, es decir, la de privados cuyos pisos, apartamentos y demás no están dados de alta en los recientemente actualizados censos de la Junta como establecimientos hoteleros.
Es una medida que cuenta con el apoyo de la justicia, según recientes sentencias, y que ya se está aplicando en otras comunidades. Los empresarios del sector de Segovia simplemente pedían que, una vez terminado el pasado mes de agosto el largo proceso de homologación de alojamientos turísticos en Castilla y León, se hiciera lo propio en prevención de una tipología hostelera en crecimiento y altamente destructiva tanto de impuestos como de puestos de trabajo. A lo que se añaden problemáticas sociales añadidas, harto indeseables, puestas de manifiesto también hace unos días por el concejal Ángel Galindo.
Cabía esperar que desde la Junta dijeran nos parece bien, nos parece mal. Pero no. La respuesta ha sido un comunicado en el que la Junta viene a presumir de la cantidad de inspecciones realizadas ¡al sector! Literalmente “la Delegación Territorial de Segovia, a través del Servicio Territorial de Cultura, ha realizado 1.017 inspecciones en establecimientos turísticos de la provincia entre el 1 de enero de 2014 y el 13 de septiembre de este año 2017. En el mismo periodo, se han tramitado 1.910 expedientes de ordenación, apertura o cambio de titularidad de empresas del sector turístico, a cuyos promotores se les ha informado detalladamente de la normativa de aplicación vigente en este ámbito. En estos cuatro años, se han recibido un total de 195 denuncias o reclamaciones, 9 de ellas en los meses transcurridos de este año 2017 y ninguna procedente en estos meses de la Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo de Segovia”. A esta actuación inspectora sobre los alojamientos registrados se añade una campaña específica contra el intrusismo profesional entre los guías de turismo.
¿Se ha dado cuenta la Junta de que lo que realmente demandan los hosteleros del sector rural es que las inspecciones no solo se limiten a los establecimientos legales, sino que actúen de oficio contra los ilegales? Que además, lo hagan por donde realmente duele, restringiendo la presencia de alojamientos ilegales en las web de ofertas donde se publicitan sin el menor reparo. ¿Tan difícil es de entender?
Últimos comentarios